Un monopolio (del griego monos 'uno' y polein 'vender') es una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor (monopolista) oferente que posee un gran poder de mercado y es el único en una industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado.

Para que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado no existan productos sustitutos, es decir, no existe ningún otro bien que pueda reemplazar el producto determinado y, por lo tanto, es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar. Suele definirse también como «mercado en el que sólo hay un vendedor», pero dicha definición se correspondería más con el concepto de monopolio puro.

El monopolista controla la cantidad de producción y el precio; sin embargo, no puede cobrar lo que quiera si pretende maximizar los beneficios. Para ello, el monopolista debe averiguar sus costes y las características de la demanda del mercado (elasticidad, preferencias del consumidor, etc.). A partir de esta información, el productor decide cuál es la cantidad que va a producir y vender, así como su precio.

Desde un punto de vista económico, el coste marginal del monopolista —incremento del coste por unidad fabricada— representa la oferta total del mercado y el ingreso medio del monopolista —o el precio por unidad vendida— no es más que la curva de demanda del mercado. Para elegir el nivel de producción maximizador del beneficio, el monopolista ha de conocer sus curvas de ingreso marginal (variación que experimenta el ingreso cuando la oferta varía en una unidad) y de coste medio.

LÍMITES AL PODER MONOPOLISTA: EL DERECHO A COMPETENCIA

El Estado limita el poder de mercado monopolista mediante la legislación antimonopolio; elaborando leyes y reglamentaciones destinadas a fomentar la competencia en la economía prohibiendo todo lo que puede acarrear algún tipo de ineficiencia en el mercado, limitando las estructuras de mercado permitidas. En estos casos despliega todos sus efectos antes de que se produzca finalmente el monopolio, puesto que se trata de evitar que finalmente se desarrolle una estructura ineficiente.

Sin embargo, existen ciertos casos en los que la regulación despliega sus efectos permitiendo el monopolio, y únicamente se limita a regularlo. Cuando la estructura más eficiente para un mercado sea un monopolio, es decir, estemos ante un monopolio natural, o bien cuando por política económica el estado quiera favorecer la existencia de una empresa que dirija un monopolio en un área concreta, lo ideal será reducir el poder del monopolista hasta el mínimo en el cual le sea rentable estar en el mercado. De esta forma el estado intenta, interviniendo en el mercado, paliar el abuso del poder de mercado del monopolista en beneficio de los consumidores y stakeholders en general.

Es un caso característico, por ejemplo, de los servicios públicos porque suelen acarrear altos costes fijos que propician economías de escala motivando que la solución más eficiente es que haya una sola empresa para que exista la mayor amortización posible de las infraestructuras que han sido necesarias para desarrollar la actividad (monopolio natural). Otras estructuras en las que se observa esta regulación posterior pueden caracterizarse, bien porque sea más rentable permitir la existencia de un poder de mercado, como en la competencia monopolística, o bien cuando no puede obligarse a que se realice otra conducta, como en el caso de la colusión implícita. En estos casos lo que trata la ley es de equiparar la situación del consumidor a la del monopolista, para que éste ofrezca una mayor cantidad del productor y a un precio más bajo.

Por último encontramos los casos del monopolio estatal, en los que el estado decide crear un monopolio en un área concreta que considera estratégica (monopolio artificial). En ese caso la regulación es continua, al ser el estado la entidad que toma todas las decisiones por motivos políticos.

  • Prohibiéndolo

Los organismos más importantes a la hora de desarrollar y ejecutar este tipo de regulaciones son el Departamento de Justicia (en la foto) y la Federal Trade Comission en Estados Unidos; y la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los ministerios de justicia en Europa.Debido a los costes sociales que conlleva, el monopolio se considera de forma genérica una estructura de mercado ineficiente, por lo que se trata de evitar que finalmente se produzcan concentraciones de poder de mercado. Para ello se desarrollan distintas prohibiciones sobre:

Los acuerdos sobre fijación de precios u otras estrategias de mercado similares.

La conducta paralela: un tipo de colusión implícita en la que una empresa imita sistemáticamente las acciones de la otra y puede desembocar en una conducta (precios y cantidades) similar a las de un monopolio.
Las prácticas depredadoras en la fijación de los precios, que tienen el objeto llevar a la quiebra a los competidores y disuadir de entrar en el mercado a quienes estén considerando esa posibilidad, con el fin de poder disfrutar de un mayor poder de mercado según la teoría de los mercados disputados.

La creación de barreras de entrada ya sean legales (patentes, licencias, derechos de autor patrimoniales...), tradicionales (costes de publicidad, altos costes irrecuperables o sunk costs...), de costumbres (crear un compromiso por parte de los consumidores con esa empresa rechazándose las demás...) o mediante el control de un elemento imprescindible para la producción.

La aplicación de las leyes antimonopolio puede realizarse a través de las respectivas divisiones antimonopolio de los ministerios de justicia nacionales resultando en multas e incluso penas de cárcel (por ejemplo en EE. UU.) o a través de los procedimientos administrativos de la Federal Trade Comission que pueden iniciarse no solamente a través de demandas de productores sino también de consumidores (class actions), los cuales pueden exigir el triple del valor monetario de los daños sufridos (triple damages) y las costas judiciales. Algunos ejemplos son la ley Clayton Antitrust o la ley Sherman Antitrust. El organismo que ejecuta y desarrolla las leyes antimonopolio en Europa es la Comisión Europea junto a las administraciones nacionales.

  • Regulándolo

Si el monopolio resulta ser la estructura más eficiente posible para una determinada industria, se admite su existencia, dando lugar a un monopolio natural, pero se intenta reducir el poder de mercado adquirido por el monopolista hasta el mínimo posible, equiparando la situación del consumidor y del productor. Para ello se relizan diversas prácticas.

Por ejemplo, pueden forzar al monopolista a reducir su precio, estableciendo un precio máximo cercano al precio competitivo (lo que impide que exista una pérdida irrecuperable de eficiencia (X-inefficiency), o en el caso de las economías de escala provoca que se tenga que otorgar una subvención al encontrarse el precio competitivo por debajo de los costes medios), o acosando a impuestos al productor para luego repartirlo entre los consumidores (lo que de nuevo nos dejaría con el coste social de la pérdida irrecuperable de eficiencia), entre otras. En un primer momento eran los Ministerios de economía los encargados de regular el mercado nacional pero hoy día los acuerdos internacionales en materia económica conforman un entramado económico a partir del cual se regula de forma internacional.

  • Fomentándolo

De la misma forma, también pueden permitirse e incluso fomentarse la existencia de monopolios frutos del intervencionismo estatal, en cuyo caso estaremos ante un monopolio artificial. Esto suele responder a una política económica determinada del gobierno que puede responder a diferentes motivaciones. Dos ejemplos característicos son los derechos de autor o los estancos de tabaco.

También siguiendo la tendencia intervencionista, el Estado puede nacionalizar o estatalizar monopolios, permitiendo así que el poder de mercado caiga en manos estatales y no privadas. El comunismo responde a este tipo de regulación. En la actualidad se ha desarrollado una influencia durante los siglos XIX y XX de las teorías liberales y keynesianas que propician la existencia de liberalizaciones y privatizaciones en la mayoría de países del primer mundo, por lo que actualmente esta regulación basada en la estatización se encuentra en receso.

  • Tendencias sobre legislación

En relación a la necesidad de una normativa antimonopolio existen dos posturas clásicas al respecto. Los partidarios del intervencionismo estatal en la economía de mercado afirman la existencia de una serie de fallos de mercado, los cuales provocan que se desarrollen estructuras de mercado de este tipo que pueden consecuenciar la sumisión de los consumidores ante el poder de mercado del monopolista, lo que puede acarrear grandes desigualdades económicas y sociales, por lo que los únicos monopolios existentes (ya que se consideran inevitables en aquellas industrias que presentan economías de escala) deben de estar en manos del Estado. Estas corrientes encuentran su implantación más férrea en sistemas económicos socialistas y comunistas.

Por otro lado los partidarios de las posturas liberales y neoliberales afirman que los únicos monopolios que se podrían mantener en el tiempo son los monopolios naturales que son los que conservan una eficiencia de Pareto y no hacen sino mejorar el mercado abaratando los costes y por tanto el precio del producto o servicio; y que el resto de estructuras monopolistas no son sino el resultado de monopolios artificiales precisamente fruto del intervencionismo estatal (por ejemplo, en el caso de una patente o un permiso único de producción). Estas corrientes encuentran su implantación más férrea en los sistemas económicos capitalistas. Hoy en día las más implantadas en los sistemas occidentales son las corrientes liberales aunque una forma bastante moderada siguiendo en parte el modelo keynesiano.

MONOPOLIO ARTIFICIAL

Un monopolio artificial es un tipo de monopolio en el cual el monopolista se vale de algún medio para impedir que vayan al mercado más productos que los suyos. Esta defición es aplicable análogamente al concepto de oligopolio artificial. Los medios de los que se puede valer pueden ir desde la violencia a una fuerte restricción de la demanda por parte de los consumidores, pasando por la imposición de barreras de entrada artificiales o de regulación.

Estos últimos, tienen un carácter fiscal. El Estado puede reservarse de forma exclusiva algunas producciones u otorgar privilegios a ciertas empresas o mantener un régimen de concesión de licencias restrictivo o proteger patentes y derechos de autor esenciales para realizar la actividad.

MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA

El monopolio de la violencia (en alemán: Gewaltmonopol des Staates) es la definición de Estado expuesta por Max Weber en La política como vocación, que ha sido predominante en la filosofía del derecho y filosofía política en el siglo XX. El concepto define a una sola entidad, el Estado, en ejercicio de la autoridad sobre la violencia en un determinado territorio, de la misma forma que el territorio también se consideró por Weber como una característica del Estado. Es importante destacar que dicho monopolio debe producirse a través de un proceso de legitimación, en la que una reivindicación se establece para legitimar el uso de la violencia por parte del Estado.

Max Weber, dijo en La política como vocación que una condición necesaria para que una entidad se convierta en un estado es que se conserve tal monopolio. Su definición es que algo es "un 'Estado' en la medida en que su equipo administrativo mantiene exitosamente una demanda sobre el monopolio del uso legítimo de la violencia en la ejecución de su orden." Según Weber, el Estado es la fuente de la legitimidad del uso de la violencia. La policía y los militares son sus principales instrumentos, pero esto no significa que sólo la fuerza pública puede ser usada: la fuerza privada (como en la seguridad privada) se puede utilizar también, siempre y cuando sea autorizada por el Estado. Es decir, la aplicación concreta de la violencia se delega o se permite por el Estado.

Weber afirma que no ha sido siempre el caso de que la conexión entre el Estado y el uso de la violencia ha estado tan cerca. Él utiliza los ejemplos del feudalismo, donde se permitía la guerra privada bajo ciertas condiciones y de los tribunales de la Iglesia, que tenían jurisdicción exclusiva sobre algunos tipos de delitos, especialmente la herejía (de la religión en cuestión) y los delitos sexuales (por lo tanto el apodo de "tribunales indecentes"). La teoría de Weber no se entiende que sólo el gobierno utiliza la violencia, sino que los individuos y organizaciones que pueden legitimar la violencia o pronunciarse sobre su legitimidad son precisamente aquellos autorizados para ello por el Estado. Así, por ejemplo, la ley podría permitir a las personas a utilizar la violencia en defensa de uno mismo o de los bienes, pero en este caso, como en el ejemplo de la seguridad privada anteriormente, la capacidad de usar la fuerza ha sido otorgada por el Estado, y sólo por el Estado.

Consecuencia de lo anterior es que los Estados que no controlan el uso de la coacción o fuerza violenta (por ejemplo, aquellos con milicias irregulares) no son esencialmente Estados funcionales. Otra consecuencia es que todos esos Estados "funcionales", afirman su función mediante la reproducción de las formas de violencia que sustentan las relaciones existentes de poder social, y la supresión de las formas de violencia que amenazan con perturbarlas.


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