INTRODUCCIÓN

La guerra del Agua de Cochabamba es el nombre popular de una serie de protestas que ocurrieron en Cochabamba, la tercera ciudad más grande de Bolivia, entre enero y abril de 2000. Su detonante fue la privatización del abastecimiento del agua municipal.

LEY 2029

Para asegurar la legalidad de la privatización el gobierno boliviano aprobó la ley 2029, que verificó el contrato con Aguas del Tunari. Para muchos la ley aparecía dar un monopolio a Aguas del Tunari sobre todos los recursos de agua. Muchos temieron que esta agua incluiya la usada para la irrigación por los campesinos, y los recursos de la comunidad que habían sido previamente independiente de la regulación. La ley consideraba "permitir la venta de los recursos de agua" que nunca realmente habían sido parte de SEMAPA, Esto llevó a la preocupación a los sistemas comunales independientes del agua que todavía no estaban conectados con SEMAPA de que serían expropiados por la nueva concesión debido a esta Ley. Si Aguas de Tunari lo deseaba no solo podría haber instalado las conexiones necesarias para conectarse a los sistemas comunales independientes, también habría podido cargar económicamente a los residentes para la instalación de estas conexiones. La ley indicaba además que la población requeriría una licencia para recoger el agua de lluvia, una política inaplicable. El primero en levantar preocupaciones por el alcance de la ley fue la Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR) y su líder Omar Fernández. FEDECOR fue compuesta de profesionales locales, incluyendo ingenieros(SIB-Departamental CBBA a la Cabeza del Ing. Maldonado) y ecologistas, una federación de los granjeros campesinos, y la Central Obrera Boliviana liderada por Oscar Olivera. Junto estos grupos formaron la Coordinadora para la defensa del agua y de la vida, ente que se convirtió en la base de la oposición a la política.

ALZA DE LA TARIFA

Como una condición del contrato que convino Aguas de Tunari se tenía el pago de 30 millones de dólares de la deuda acumulada por SEMAPA. También acordaron financiar una extensión del sistema del agua, y comenzar un programa de mantenimiento muy necesario sobre el sistema existente del agua. Dider Quint, director del consorcio, mencionó "Eramos conscientes que podríamos poner este programa en ejecución en un período del tiempo más corto que el que estaba requerido por el contrato. Para lograr esto teníamos que aumentar la tarifa de agua, y nivelar por todos los aumentos que no habían sido puestos en ejecución antes."

Además, para asegurar el contrato Aguas del Tunari tuvo que prometer el gobierno boliviano la financiación para la terminación del proyecto atascado de la presa de Misicuni. La presa fue diseñada para instalar tubos el agua a través de las montañas, pero el banco mundial la había juzgado poco rentable. Mientras que el consorcio no tenía ningún interés en la construcción de la presa, pues fue dejada a un lado por un miembro influyente de la megacoalición de Banzer, el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa. Una tentativa de privatizar el sistema del agua había sido hecha sin la condición de construir la presa en 1997, pero Villa había utilizado su influencia para aplastar el reparto. Los críticos del alcalde sostuvieron que la presa era un "proyecto de la vanidad" que beneficiaría a "algunos de sus soportes financieros principales".

Los funcionarios en Bolivia para Aguas de Tunari eran sobre todo ingenieros que carecían de la experiencia en la comercialización. Eran también extranjeros desconocedores de las dificultades de la sociedad y de la economía bolivianas. Al tomar control la compañía levantó las tarifas del agua en un promedio de 35% a cerca de $20 un mes como tarifa mínima. Mientras que esto parece minusculo en las naciones desarrolladas de las cuales el personal de Aguas de Tunari había venido, muchos de sus nuevos clientes solamente perciben cerca de $100 por mes. En la ignorancia completa de la realidad de su situación, un encargado para el consorcio, Geoffrey Thorpe dijo simplemente que "si la gente no pagara sus cuentas del agua se le cortaría el servicio". Provocó a los pobres en su protesta antes de enero de 2000, cuando los dueños de una casa de clase media y los dueños grandes del negocio de sus subsidios vieron sus propias cuentas del agua aumentar. Pues la cólera sobre las tarifas aumentó, el alcalde Villa se distanció rápidamente de Aguas de Tunari.

OPINIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LOS MANIFESTANTES

Los cultivadores de la coca de Bolivia condujeron para entonces a miembro del Congreso Evo Morales (elegido presidente de Bolivia en diciembre de 2005) habían ensamblado los manifestantes y que exigían un extremo al programa patrocinado de la extirpación de sus cosechas (mientras que la coca se puede refinar y hacer pesadamente en la cocaína es utilizada legalmente por muchos en Bolivia para como téy para masticar). Considerando la implicación de los cultivadores de la coca, el gobierno boliviano demandó que los manifestantes eran realmente agentes o empeños de los traficantes de la droga. Ronald MacLean Abaroa, el ministro de la información, dicho los reporteros las demostraciones era el trabajo de los traficantes de la droga que intentaban parar el programa del gobierno para suprimir campos de la coca y para substituirlos por algodón, piñas, y plátanos. Él dijo que “estas protestas que una conspiración financió por la cocaína que traficaba buscando pretextos para realizar actividades subversivas. Es imposible para así que muchos granjeros moverse espontáneamente en sus el propios. ” MacLean. Hugo Banzer fue preocupado porque “los grupos y los traficantes políticos están instigando a granjeros para enfrentar al ejército. ” Félix Santos, un líder de los campesinos refutó tales demandas que decían que “estamos protestando debido a precios más altos de la gasolina y del transporte y una ley que nos carguen para el uso del agua. ”

LAS DEMANDAS DE LOS MANIFESTANTES SE AMPLIAN

Los profesores de las escuelas públicas en áreas rurales fueron en huelga que llamaban para los aumentos del sueldo (cuando hicieron $1.000 por año). En la ciudad capital de Paz del La los estudiantes comenzaron a luchar batallas corrientes con policía. Los manifestantes puestos encima de barricadas de piedras, cerca de Achacachi y Batallas, y violencia explotaron allí también (mataron a un oficial de ejército y a dos granjeros y las docenas fueron dañadas). Los soldados y el policía pronto despejaron la mayor parte de las barricadas que habían cortado las carreteras en cinco de los nueve departamentos del país.

RESOLUCIÓN

Después de una grabación televisada de un capitán boliviano del ejército, Robinson Iriarte de la Fuente, leña un rifle en una muchedumbre de manifestantes hiriendo a varias personasy golpeando a estudiante alto Víctor Hugo Daza matándolo, siendo el detonante de la ira popular El policía dijo los ejecutivos del consorcio que su seguridad podría ser garantizada no más. Los ejecutivos entonces huyeron de Cochabamba a Santa Cruz de la Sierra. Después de salir de cuatro días de ocultar, Oscar Olivera firmó una concordia con el gobierno que garantizaba el retiro de Aguas del Tunari y que daba vuelta los trabajos de agua de Cochabamba encima al La Coordinadora. Los manifestantes detenidos debían ser lanzados y la ley 2029 fue derogada. El gobierno de Banzer entonces dijo a Aguas del Tunari a que dejándolos a Cochabamba “había abandonado” la concesión y declarado el contrato $200 millones revocó. La compañía, insistiendo que no se había ido voluntariamente sino forzadamente, archivó un pleito $40 millones en el centro internacional para el establecimiento de los conflictos de la inversión un cuerpo de apelación de la Organización Mundial de Comercio contra el gobierno boliviano, “remuneración que demandaba para los beneficios perdidos bajo tratado bilateral de la inversión. ” en el entierro a Víctor Hugo Daza el día siguiente, Óscar Olivera ascendente al balcón y a la victoria proclamada de su oficina de la unión a la muchedumbre agotada. Los manifestantes declararon que no se aplacarían hasta que la ley 2029 fue cambiada. Para conseguir un quorum enmendar la ley el gobierno incluso alquiló los planos para enviar a legisladores de nuevo a la capital. En una sesión especial el 11 de abril de 2000 la ley fue cambiada.

DOCUMENTAL


  • BOLIVIA NO SE VENDE





  • LA GUERRA DEL AGUA

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